Ayotzinapa y el derecho a la verdad

Uno de los eventos más mediáticos sobre el caso Ayotzinapa fue la construcción y difusión de lo que Jesús Murillo Karam llamó la verdad histórica. Pronunciar esta frase, en conjunto con la célebre “Ya me cansé”, generó la indignación de gran parte de la sociedad mexicana. Con la versión oficial sobre la “verdad histórica” se pretendía poner fin a una oleada creciente de manifestaciones que se replicaron en toda la República Mexicana y en otros países. La Procuraduría General de República difundió la versión de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, habían sido asesinado y posteriormente calcinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, en el basurero de Cocula.

La construcción de esta verdad oficial, se basó principalmente en los peritajes los cuales fueron cuestionados por especialistas forenses nacionales y extranjeros. Se añadió el testimonio conseguido por medio de tortura de tres presuntos miembros del grupo Guerreros Unidos.

Por su parte los familiares de los normalistas desaparecidos declararon que estos elementos no eran suficientes para considerar que sus hijos fueron asesinados y continuaron con la búsqueda de los jóvenes.

En un contexto social como el que vive nuestro país, donde existe una grave crisis de violencia y se presentan graves violaciones a los derechos humanos de las personas, las exigencias para conocer la verdad, así como el llamado de justicia se vuelven necesarios.

Existen posturas filosóficas y políticas que apuntan a que no existe una sola verdad, sino construcciones de ésta que intentan abordar los hechos desde determinado punto de vista. Así tenemos una verdad oficial que corre a cargo de las dependencias gubernamentales autorizadas para decir ¿qué sucedió?; existe una verdad mediática, construida por los periodistas, analistas y comunicadores que utilizan los medios de comunicación para posicionar determinada versión de los hechos noticiosos; y existe una verdad generada por los grupos subalternos.

Ante la falta de claridad en el esclarecimiento, juzgamiento y sanción que se presentan en casos graves de derechos humanos, surge la necesidad de garantizar el derecho a la verdad. La Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 24 de marzo como Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones grabes a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron posicionar el derecho a la verdad y se lograron generar herramientas jurídicas para atender demandas añejas que exigían esclarecer la verdad sobre periodos violentos durante las dictaduras en América Latina y el combate a las distintas guerrillas.

En México la exigencia por la verdad cobijó principalmente situaciones como el asesinato de estudiantes el 2 de octubre de 1968; las personas torturadas, desaparecidas y asesinadas durante la llamada guerra de baja intensidad para combatir a las guerrillas urbanas y rurales durante los años 70; masacres como las de Aguas Blancas (1995) y Acteal (1977); de forma más reciente las desapariciones forzadas y ejecuciones extra judiciales derivadas de la “lucha contra el narco”.

Existe en la sociedad mexicana una necesidad por conocer las verdades sobre situaciones dolorosas, sobre heridas que continúan abiertas. El Estado mexicano, lejos de proveer certezas a los solicitantes, genera trabas que impiden acceder a información que permita construir las verdades.

El derecho a la verdad contempla las obligaciones de los Estados para: investigar y sancionar a los responsables de las violaciones grabes a los derechos humanos; establecer la verdad de lo sucedido; garantizar el acceso a la información, aún en investigaciones que continúen abiertas, para aclarar lo ocurrido; garantizar la reparación del daño para las víctimas.

Si bien, filosóficamente el debate puede sugerir que no existe una verdad única, se asume que la verdad jurídica puede garantizar el acceso a la justicia. El sistema judicial de cada país se debe comprometer con este derecho, si no serán las instancias internacionales quienes garanticen el acceso a la verdad.

El esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos ayuda a las comunidades a comprender las causas de los crímenes y de los abusos, y a enfrentarlos. La verdad es útil durante los procesos de recuperación después de un hecho traumático y ayuda a reconstruir la dignidad de los pueblos lastimados.

Ayotzinapa es un caso que sirve de referencia para discutir la construcción que desde distintas perspectivas se realiza sobre la verdad. Corresponderá a las instancias jurídicas internacionales, ahora que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisará el caso de México, determinar cuál es la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Como sociedad nos corresponde hacer exigible el derecho a la verdad, comparar las versiones diferentes y vigilar para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

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