Las abuelas de Plaza de Mayo, un ejemplo de lucha digna

Enrique Alcaraz

Al hablar sobre desapariciones forzadas, es inevitable pensar en las víctimas así como en los familiares que piden justicia. Sin intentar generalizar, son las madres, abuelas o hermanas de las víctimas quienes principalmente exigen su aparición.

El 30 de abril de 1977 un grupo de madres y familiares de personas desaparecidas durante la dictadura militar instaurada en Argentina el 24 de marzo de 1976, comenzaron a manifestarse cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, situada frente al palacio de gobierno en la capital argentina.

En ese contexto se identificó a las mujeres que marchaban como las Madres de Plaza de Mayo, quienes buscaban a sus hijos e hijas desaparecidas. Con forme las manifestaciones avanzaron un grupo de abuelas se percató que muchos bebés habían sido arrebatados a sus madres secuestradas. Bajo la consigna "Buscamos a los nietos sin olvidar a los hijos", un grupo de 12 mujeres se consolidó en la lucha por la aparición y el rastreo de los bebés secuestrados durante la dictadura.

Después de un gran esfuerzo logran consolidarse como una Asociación Civil cuyo objetivo consiste en localizar y restituir a sus familias legítimas a todos los niños que fueron desaparecidos durante la represión política causada por la dictadura en Argentina.

En meses pasados Estela de Carlotto, en una video-conferencia para TED Cuahutémoc, señaló la importancia del movimiento de las Abuelas de Plaza de Mayo para la búsqueda de personas desaparecidas no sólo en Argentina sino en toda América Latina. De Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, mencionó que aproximadamente unas 30 mil personas fueron desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina.

Como parte de un proyecto de la propia dictadura, muchas de las mujeres secuestradas que estaban embarazadas, fueron retenidas con vida hasta que dieron a luz para así poder arrebatarles a sus hijos. Los bebés fueron entregados a familias cercanas al gobierno conservador, quienes los criaron como hijos propios.

El trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo las llevó a pedir ayuda a nivel internacional y crear en 1984 el primer Banco Genético a nivel mundial. A través de estudios de sangre, y posteriormente con pruebas de ADN, se ha logrado identificar a 114 nietos, que han sido reunidos con sus familias legítimas.

La búsqueda de un familiar desaparecido, en palabras de Estela de Carlotto, es un proceso doloroso, pues siempre surgen las preguntas inevitables sobre su paradero, sobre su estado de salud, si fueron torturados o torturadas, si siguen con vida. Es por esta razón que las desapariciones forzadas son consideradas como un hecho especialmente cruel tanto para la persona desaparecida como para sus familiares y amistades.

De acuerdo con Amnistía Internacional una desaparición forzada “ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley”.

La desaparición forzada es considerada una grave violación a los derechos humanos. Existen tratados como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que obligan a los estados firmantes a crear mecanismos para garantizar la no desaparición de personas por parte del Estado o sus agentes.

Resulta inevitable ligar el tema de las desapariciones forzadas con el caso Ayotzinapa en el estado de Guerrero. La desaparición de 43 normalistas y el asesinato de otras seis personas durante la noche y la madrugada de los días 26 y 27 de septiembre, ha conmocionado e indignado a todo el país y a otros países del mundo.

La desaparición forzada de los normalistas fue perpetrada por miembros de las policías municipales de Iguala y Cocula, por órdenes del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Al ser el propio gobierno quien ordenó la desaparición de los estudiantes, las acciones se convierten en violaciones a los derechos humanos.

Este hecho no constituye un evento aislado, sino que forma parte de una serie de acciones emprendidas para reprimir a las Normales Rurales en todo el país, y desde una perspectiva abarcativa, representan acciones encaminadas a reprimir a las juventudes del país. Por esta razón se puede afirmar que el caso de Ayotzinapa es un “crimen de Estado” pues los gobiernos municipal, estatal y federal están involucrados ya sea por acción u omisión en la desaparición de los 43 normalistas y la ejecución extrajudicial de seis personas.

Ahora la sociedad mexicana y la comunidad internacional exigen justicia por estos terribles hechos. En nuestro país así como en distintas partes del mundo, se han mostrado múltiples muestra de solidaridad con las familias y amistades de los normalista desaparecidos.

En este conflicto quienes llevan la carga más pesada son los padres y madres de los desparecidos, porque ahora son estas personas quienes se preguntan por el paradero de sus hijos, por su salud, si fueron torturados o si siguen con vida.

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