Ayotzinapa: Delito de Lesa Humanidad

Por: Juana de Jesús Santiago

Fotografías: Lucía Flores

Cuando el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el delito de desaparición forzada del canta-autor Rosendo Radilla, se dijo a manera de escusa que era un hecho de una administración pasada. Los acontecimientos recientemente ocurridos en Ayotzinapa abren la puerta a la historia, pero sobre todo a la necesidad de legislar no solamente en una norma general en materia de desaparición de personas, sino de incidir en todo el aparato de procuración de justicia mexicana.

La desaparición forzada de personas, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria prolongada, son considerados crímenes de lesa humanidad, según lo previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los estudiantes de la Normal Superior, agrandan la ya robusta lista de búsqueda de desaparecidos en el país que desde los años sesenta se vive, pero que a partir del Gobierno de Felipe Calderón ha tenido un repunte desmedido y vergonzoso. Hace escasamente tres meses el Secretario de Gobernación, Osorio Chong hablaba de 16, 000 personas desaparecidas, mientras que organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional hablan de 30, 000.

La lamentable situación que vive México ha incorporado como actores principales de esta práctica a grupos delictivos que gozan de la aquiescencia del Estado u omisiones en las labores de seguridad, pero que en ningún caso dejan de ser violaciones a los derechos humanos atribuibles al Estado mexicano.

Pocos hechos sacuden tanto a una sociedad en su conjunto. El cuerpo de un joven desollado lo logra, dado que la premisa es evitar que la misma suerte les ocurra a los demás desaparecidos. Este “método” de producir terror ante los opositores no es nuevo, los nazis fueron, quizá los primeros en implementar la desaparición forzada. Así lo plasmaron con el Decreto Nacht und Nebel, donde los enemigos fueron sentenciados no a muerte, sino a una noche interminable, un silencio interminable.

Una forma de evadir la responsabilidad ha sido dejar pasar el tiempo. Esperando la caducidad del delito. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto al manifestar que es un delito de naturaleza permanente o continua, hasta que se presente a la persona en cuestión o se establezca cual fue su destino.

Ante esto, Peña Nieto se ha comprometido a no dejar impune este hecho ya no sólo de luto nacional, sino de indignación internacional, dónde organismos internacionales como la OEA se han manifestado por el esclarecimiento del caso. De ser una intención sería y no una demagogia paliativa se deben activar acciones mínimas que aseguren investigar, reparar íntegramente los daños morales y materiales, procesar y castigar a los responsables y con ellos extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido o tolerado tales abusos.

En el Senado mexicano se discute la Ley General para prevenir las desapariciones, ley que se viene cocinando desde ya bastante tiempo, pero que no logra ver la luz.

Ante la ola de incertidumbre, hay algo muy claro: sin la impartición de justicia, sin un proceso judicial apegado a Derecho y transparente, será imposible consolidar un proyecto democrático. Más importante aún, ya un viejo adagio nos dice que la justicia a destiempo se convierte en injusticia.

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