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El aumento en la tarifa de transporte en la Ciudad de México, un ataque a los trabajadores

  • Rafael AR Escalante
  • 1 may 2017
  • 5 Min. de lectura

Licenciado en Ciencias Políticas UNAM

Maestría en Sociología IBERO

@Rafita Drian


En días recientes se ha experimentado un aumento generalizado en los transportes de la Ciudad de México, desde los microbuses hasta las combis han subido de precio, puede parecer poco $1, sin embargo si se le suma el aumento en el precio de otros productos de consumo básico, la cantidad se vuelve alta. De esa manera el poder adquisitivo disminuye, los sueldos son los mismos pero la cantidad de mercancías que estos pueden comprar se reducen, golpeando a las clases populares que habitan en la Ciudad de México, especialmente a los trabajadores, que representa la mayoría de la población.



Ahora, es importante tener presente a qué responde el aumento del transporte público. La causa más inmediata es el gasolinazo, que representa el aumento generalizado del precio de las gasolinas en todo el país, lo que sin duda no es resultado de los altos precios del petróleo y la gasolina, ya que estos altos precios han venido decayendo. Los altos precios de las materias primas que se gozaron en la década del 2000 ya no son los mismos, de hecho se han reducido al surgir otros combustibles y tecnologías, pero ¿por qué si México tiene petróleo los precios suben?


Los precios suben por el gasolinazo, el cual está fuertemente relacionado con la Reforma Energética, la dinámica de esta ha sido la de abrir la puerta a grandes empresas como la Royal Dutch Shell, una de las cuatro grandes petroleras que dominan el mercado mundial. Ésta surgió en 1907, después de la fusión de un grupo de empresas en Holanda, que hoy compite con ExxonMobil, que también es beneficiaria de las concesiones de la Reforma Energética y una de las herederas de la Standard Oil, la petrolera que en tiempos de Porfirio Díaz se llevaba el energético sin pagar impuestos.


Sobre la base del discurso de la eficiencia e ineficiencia se aprobó esta reforma estructural, con la promesa en repetidas ocasiones por parte de Enrique Peña Nieto de que el precio de las gasolinas bajaría, lo cual resultó ser una completa mentira a la luz de los hechos. La Reforma Energética no contempló tres aspectos claves para el funcionamiento de Pemex, los cuales son:


1.-El régimen fiscal de Pemex, que no permite que la paraestatal acumule recursos para auto financiarse, por el contrario está ahogada en impuestos que la exprimen sin que puede reinvertir en la producción. Lo que incluye la imposibilidad de inyección de capital en el sector petroquímico, si ello ocurriera las gasolinas serían más baratas (lo que implicaría construir infraestructura como refinerías), sin embargo eso no pasó, si se analizan las acciones de gobiernos pasados se pueden encontrar cosas como la promesa de la refinería en Tula Hidalgo durante el sexenio de Felipe Calderón del PAN, la cual se quedó sólo en una promesa. De aquello lo único que se construyó fueron las bardas alrededor de los terrenos expropiados, pero nunca pasó de ahí, y no es que no existan refinerías en México, pero no son las suficientes para surtir de combustible barato.


2.- El ataque a la corrupción, como lo fue el caso del PemexGate, que implicó un desvío de fondos de la paraestatal y del sindicato de la misma, hacía la candidatura del priista Francisco Labastida para las elecciones presidenciales del año 2000. También podemos traer a cuenta el caso de los excedentes petroleros durante el gobierno de Fox, que no fueron reinvertidos en bienestar ni infraestructura, y hasta el día de hoy no hay cuentas claras de su destino.

Y lo más reciente, el ejemplo Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que está enredado en un caso de corrupción en Petróleos Mexicanos, con la empresa privada brasileña Odebrecht, a la cual se le otorgaron contratos irregulares ya que esta no cumplía con los requisitos para ser concesionaria. Recientemente Lozoya amenazó con una acción legal por las acusaciones en su contra, lo cual se ha quedado en una mera bravata, y tampoco se han abierto los registros de Pemex para deslindar responsabilidades por el hecho.


3.-El tercer aspecto es el “charrismo” sindical, ya que el líder del sindicato, Calor Romero Deschamps, ha estado envuelto en múltiples casos de corrupción, que van desde el antes mencionado PemexGate, hasta la ostentación de riqueza que su hija hizo en redes sociales. Es importante aclarar que el sueldo de un dirigente sindical no tendría que ser más alto que el de un obrero calificado, pero en este caso se observa que el enriquecimiento de estos personajes no proviene de su salario. Además de que bajo ésta gestión, el sindicato ha fungido como un sindicato de protección patronal, es decir que vez de proteger los derechos de los trabajadores ha defendido a la inversión privada, con todo lo que ello implica, la represión contra sus propios agremiados.


Este discurso de la eficiencia es mañoso, porque sólo juzga causas pero nunca efectos, se decía que Pemex es una empresa ineficiente, pero jamás se tomaba en cuenta la calidad de sus administradores, por el contrario, han sido estos administradores los que han ostentado dicho discurso. Lo mismo pasa con la educación, se habla de la mala calidad de los profesores, pero nunca se toca el tema de evaluar las políticas educativas anteriores, ni evaluar a quienes las aplican, de esa manera ésta “eficiencia” se convierte en un pretexto para la privatización.


El alza en el precio de los transportes se vuelve un golpe contra nuestros bolsillos, porque profundiza la ya de por sí difícil situación con sueldos muy bajos, trabajos poco estables y pocas oportunidades para el desarrollo laboral, profesional y personal, ya que mientras que el poder adquisitivo decrece, los altos sueldos de los funcionarios, los diputados, senadores, jueces siguen siendo onerosos. Es claro que estas personas no tienen que usar el transporte público, y hacen propaganda cada tres o seis años para que sigamos votando por ellos, para continuar el ciclo de poder en un país en crisis.


Pero esto no es propio sólo de México, en realidad a nivel internacional se están aplicando medidas derechistas como EE.UU. con Trump, en Argentina con Macri, en Brasil con Temer entre otros, el aumento en el precio de los transportes es sólo una muestra palpable y cotidiana de que las clases políticas y los Estados no representan nuestros intereses. Por el contrario ellos están al servicio de un 1% de la población, que detenta la mayor parte de la riqueza y el poder político en beneficio exclusivo de sus ganancias. El presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump no son enemigos, aunque así traten de presentarse, son aliados, ya que velan por los intereses de las mismas empresas monopólicas, como las petroleras.


El gasolinazo como resultado de la Reforma Energética refleja la dinámica de extractivismo que existe en México al igual que otros países de América Latina, esta reforma no responde al interés de la población mexicana en su conjunto, sino a un grupo de empresarios que en alianza con las grandes multinacionales tratan de recomponer su tasa de ganancia. Desde la crisis de 2008, el crecimiento no la economía no sido el mismo, por esa razón a estas empresas les urgía que se aprobaran las reformas estructurales, para tener un margen de maniobra más amplio para sus inversiones.


Ahora, el tema no es nuevo, desde finales de la década de 1970 se vienen aplicando las medidas neoliberales, que implicaron desmantelar la política de los Estados que intervenían en la economía, despojando a los trabajadores de una gran cantidad de derechos sociales. Para que la clase dominante no vea pérdidas le es necesario descargar sus efectos sobre otros; mientras que ellos generan las crisis nosotros pagamos los costos de la misma.


 
 
 

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