Del gasolinazo y otros demonios.

El inicio de 2017 en México ha sido enmarcado por el anuncio de la desregulación parcial del mercado de gasolinas. Contrario al anuncio del gobierno federal, que lo ha llamado liberalización y será cierto sólo hasta 2018, y del discurso mediático que lo ha enmarcado como un aumento de precios —lo cuál es parcialmente cierto—, prefiero enunciarlo como desregulación parcial, por motivos que explico a continuación.

Lo que observamos fue el establecimiento de precios regionales con base en criterios de distribución y producción, ante los cuáles los diferentes concesionarios deberán ofertar la gasolina. Dicho mercado, más que empezar a regularse con base en la oferta y demanda, seguirá contando con la intervención gubernamental que establecerá los precios a lo largo de este año, hasta llegar a una liberalización total del mercado el siguiente año. El Gobierno Federal ha defendido esta acción con dos argumentos: el aumento de los precios internacionales de las gasolinas, y la inviabilidad de sostener el subsidio aplicado a éstas. Esto ha devenido en dos marcos de referencia para sustentar dichas argumentaciones: El primero siendo que el gobierno mexicano, ante un entorno externo que les adverso, se vio obligado a tomar la decisión de retirar el subsidio. El segundo marco de referencia, a su vez, refiere al entorno interno. Mantener el subsidio a las gasolinas generaría una crisis del gasto público, que significaría la imposibilidad de mantener o ejercer dicho gasto en materia social. Sean cuestiones educativas, de salud, de apoyos económicos contra la pobreza, la línea argumentativa ha girado en torno a una perspectiva de catástrofe que fue sorteada por la acción del gobierno federal. La medida ha sido lo menos impopular. Protestas y declaraciones públicas han sido la constante desde su implementación el primer día del año. Ya sea desde la organización civil, desde grupos de interés, o incluso desde los mismos partidos políticos (que de manera hipócrita buscan arengarse la simpatía ciudadana), esta acción del Gobierno Federal ha enfrentado un rechazo unánime, alimentando el ciclo de protestas más álgido del sexenio. Como ha sido la constante durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, la respuesta a la protesta se ha caracterizado por el uso de la violencia para suprimirla. Ya sea por medio de abierta represión, como ocurrió en Guadalajara o Nogales, o el uso de la estrategia de miedo por medio de saqueos. Notas periodísticas de Sin Embargo, Animal Político y Proceso han documentado —de manera exhaustiva— el uso de una estrategia coordinada desde redes sociales digitales, mediante la cuál se incitaba a la población a participar en saqueos; con apoyo de grupos de presión como Antorcha Campesina, por ejemplo, se llevaron a cabo estos actos en entidades como Estado de México, Veracruz y Puebla. En el caso específico del Estado de México, se observó la abierta colusión de las policías municipales y estatales. A niveles locales se reportaba cómo los elementos policiacos jugaban a Pedro y el lobo: azuzaban a los negocios con la llegada de los saqueadores para que cerraran sus locales, sin que se presentaran éstos. En el caso de Nicolás Romero, como se reportó en videos, la misma policía municipal anunciaba un supuesto toque de queda. La situación creada de esta manera produjo dos cosas: una parálisis en la actividad económica, pues dicha estrategia se reprodujo en diferentes estados de la República, y un temor de la población a salir a las calles ante la posibilidad, incierta, de que se encontraran con actos de saqueo y violencia. En ese sentido la estrategia fue efectiva como recurso de desmovilización y de antagonismo social. Dicha estrategia fue acompañada, a su vez, por las apariciones públicas de Enrique Peña Nieto. En la primera, el miércoles 4 de enero, el Presidente hizo una mención tangencial al gasolinazo, dando prioridad a los cambios en las secretarías de Estado. En ella delineó los parámetros argumentativos de la comunicación política a seguir por Presidencia y las Secretarias de Estado: el entorno externo y el carácter catastrofista ya mencionado.La segunda aparición, y que ha sido la más emblemática hasta el momento, fue su mensaje de año nuevo. En él se observó a un Presidente beligerante, molesto y dispuesto a escalar el conflicto en aras de defender su decisión mediante la violencia del Estado. El interlocutor de dicho mensaje quedó claro: los grupos, organizaciones y ciudadanos que participaban e invitaban a continuar las protestas por el gasolinazo. Su tercera aparición fue en la presentación de Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. En él se observó a un Presidente más conciliador. Pero también es importante considerar sus interlocutores: al más puro estilo del viejo priismo, se observó un arropamiento de la clase dominante al representante principal de la clase gobernante. Fue un evento para laudar al presidente y cerrar filas. Dicho mensaje se vio manchado, sin embargo, por la respuesta de Coparmex ante la convocatoria hecha por Presidencia. Denunciado lo improvisado de la convocatoria, así como la falta de una estrategia clara y precisa de dicho acuerdo, se negaron a firmarlo y a validar con su presencia dicho acto. Esto es importante porque me lleva a abordar el quid de todo este asunto. Enrique Peña Nieto se encuentra ahora cosechando lo que sembró desde el inicio de su gobierno. El mismo inicio de su gobierno, aquél 1 de diciembre de 2012, dejó ver su estilo personal de gobernar. Gobernando en el encierro, con el garrote por delante, y negando voz a quien disintiera con él o su grupo. Con esa arrogancia característica ha tomado decisión tras decisión que ha ido mermando el apoyo o acuerdos que desde su grupo hubiera logrado.

El gasolinazo es un error más de esas decisiones: no por el hecho de desregular el mercado hacia liberalización —que era inevitable sin duda, mas no las condiciones en que se está dando—, sino por la forma en que se aplicó e instrumentó. Como comentó Claudio Flores en Twitter, la mala comunicación gubernamental en torno al gasolinazo presentó dos agravantes: la época navideña y abordar un evento repetitivo. El consumo de gasolina es constante y cotidiano, y la vida pública se mueve literalmente alrededor de dicho consumo. La época navideña por su parte, maximizó la viralidad de la noticia, y su prevalencia entre las personas. Esta combinación, aunada con un largo contexto de recortes al gasto público que no se reflejan en una austeridad propia de la clase política y la mayor difusión de casos de corrupción, se tornó en una receta de desastre. Más que preparar una estrategia de comunicación en la cuál se manejara el impacto social de la desregulación, se ha tratado de defender a ultranza la decisión protegiéndola de todo escrutinio. En particular se ha insistido en que no es producto de las reformas estructurales, el gran estandarte de este gobierno, aún cuando Agustin Cartens ya contradijo al gobierno. Y es que el gasolinazo se ha convertido en la máxima síntesis del gobierno peñanietista. La corrupción, el nepotismo, la imposición y la cerrazón están materializadas en el gasolinazo. La primera porque se ha denunciado la participación de funcionarios públicos y representantes en las franquicias y consorcios de gasolinas. La segunda porque más que rendir cuentas a su gabinete por el manejo de la situación, se ha premiado su incompetencia. Videgaray y Osorio Chong en particular, que garantizaron no más gasolinazos, a la fecha continúan como parte integral de su gobierno, el primero como nuevo canciller, el segundo intocado como Secretario de Gobernación. Este gobierno premia la fidelidad antes que la misma efectividad, sin importar que dicha fidelidad sea contraproducente a la continuidad y viabilidad de sus acciones. En tercer lugar, está la imposición porque, sin mediar consulta o negociación con los sectores directamente afectados (el transporte, el comercio y la industria), se dio paso a una medida que afecta de manera profunda el tejido social, trastocando intereses y relaciones sociales, esperando que se aceptara silenciosa y sumisamente. Esta falta de tacto político sólo ahonda la alienación del gobierno peñanietista, y se observa en las actitudes de Coparmex y Carstens. Y eso debería preocupar al gobierno. Cada vez se queda sin menos cajas de resonancia en el foro público, y los resortes que sostienen su gobierno se empiezan a vencer por el cuarto elemento: la cerrazón. Ya el cuarto informe de gobierno nos adelantaba la postura del Presidente en campaña electoral, pero este gasolinazo sólo nos muestra que —a menos de dos años de terminar su gobierno— ahondó en su condición de cadáver. En otro espacio cerraba mi reflexión llamando a Peña Nieto un cadáver político. Y veía en ello un peligro porque alguien muerto políticamente no tiene nada qué perder. Decía: “Se sabe muerto, pero no por eso deja de ser activo, ni deja de tener una presencia en la dinámica política del país. Y eso es peligroso, porque ante un Presidente que se sabe muerto, desaparecen las fronteras, y todo acto de autoridad es posible.” El gasolinazo es muestra de ello. Un presidente que se sabe sin contrapesos, sin límites, y sin alguien que le lleve la contraria. Es una figura que vela únicamente por sus intereses, y que ya no se preocupa por las formas. Es, en conclusión, un acto de una persona que se sabe sola, muerta políticamente, y que aprovecha su mortalidad para llevarse por delante lo poco o mucho que deja en su proceso mortuorio. En este caso, se lleva por delante la economía del país. ¿Qué más vamos a dejar que se lleve?