Las tensiones del proceso ecuatoriano

Después de una intensa movilización de casi dos décadas encabezada por el movimiento indígena, a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE); el movimiento social ecuatoriano logra detener la “larga noche neoliberal” y sentar las bases para una transformación en el país.

Así, en 2008 se aprueba, mediante una Asamblea Constituyente, la nueva Constitución que promueve la soberanía alimentaria, la prohibición del latifundio y los transgénicos, la autonomía territorial, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. Por primera vez se reconoce el carácter Plurinacional de Ecuador, se retoma el Sumak Kawsay (Buen Vivir) como horizonte social y, por primera vez en la historia mundial, se otorgan derechos a la Naturaleza.

Sin embargo, Rafael Correa, presidente de Ecuador desde 2007, impulsa un proyecto que discursivamente responde a un proceso de cambio pero que en los hechos está entrampado en una serie de contradicciones que terminan por entorpecer los avances constitucionales. Bajo el membrete de “Revolución Ciudadana”, impulsa un patrón de acumulación primario exportador que se manifiesta en la ampliación de la frontera petrolera sobre la amazonía centro-sur (territorio de diversas nacionalidades indígenas), la concesión de territorios a la minería trasnacional (muchos de ellos en territorios indígenas y nacientes de agua) y el impulso al agronegocio, favoreciendo al gran capital con el despojo del territorio. Este patrón implica una gran transferencia de recursos naturales: petróleo, agua, minerales, productos agrícolas, entre otros, a las potencias imperiales, profundizando la dependencia del país a través de la violencia, el saqueo y la depredación.

Si bien el gobierno ha aumentado el gasto social –que significa mayor acceso a la salud, transporte, educación etc.–, impulsado obras de infraestructura, estatizado las principales empresas petroleras de Ecuador, desafiado mediante una política exterior soberana a los Estados Unidos y se ha comprometido con los procesos de integración latinoamericana: ALBA, UNASUR, CELAC. Su papel en la División Internacional del Trabajo continúa siendo el de proveedor de materias primas, incorporándose mediante el endeudamiento a la órbita de China en menoscabo de su independencia económica.

A pesar de la diferencia de este gobierno con las anteriores administraciones neoliberales anteriores, al distribuir una parte de la renta del Estado –principalmente petrolera- a través del gasto social y bonos contra la pobreza; los grupos oligopólicos han tenido más ganancias que en el neoliberalismo. El mismo presidente aclara que su intención no es cambiar el modelo de acumulación ni afectar a los ricos, lo que pretende es que una parte de la bonanza llegue a manos de los más necesitados.

Este proyecto ha generado una nueva legitimidad que el Estado había perdido en era neoliberal promoviendo un tipo de democracia acotada, políticas sociales asistenciales para neutralizar a las organizaciones, y una ciudadanía excluyente en la que sólo se puede “participar” por los cauces liberales de la meritocracia y las elecciones, es decir, ha consolidado un nuevo tipo de dominación capitalista que se legitima con la expropiación del lenguaje de la izquierda.

Así, la supuesta “Revolución Ciudadana” lejos de disminuir el poder del gran capital con cambios económicos, políticos y sociales democratizadores con la fuerza de la organización popular y su movilización; lejos de comenzar a construir un Estado Plurinacional enfrentándose a los desafíos que implica con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas; se ha dedicado a administrar el capitalismo de manera eficiente, subordinando a las organizaciones populares o criminalizando a las que no se dejan.

Imágenes: lalineadefuego.info

Por ejemplo, las leyes de tierras y agua que promueve el ejecutivo, centralizan las decisiones, mantienen la enorme desigualdad de su tenencia y acceso, permiten su concentración, privatización y contaminación. Es decir, profundizan la concentración de los medios de vida primordiales de los pueblos indígenas para favorecer a los sectores históricamente privilegiados, los terratenientes y la burguesía agroindustrial.

En el Buen Vivir correísta, los pueblos y nacionalidades son un obstáculo para que la “patria avance”, sus instituciones autónomas han sido atacadas como nunca por responder a intereses “oscuros”, sus organizaciones y movilizaciones son desprestigiadas y criminalizadas, mientras que sus territorios se ofertan al gran capital.

Este gobierno resulta algo muy diferente del discurso con el que se disfraza de izquierda: mientras habla de Buen Vivir, atenta contra la vida de los pueblos indígenas y sus territorios; mientras dice luchar por la soberanía, profundiza la dependencia del país al imperialismo chino; mientras habla de justicia social, no quiere afectar a los ricos ni las causas estructurales de la desigualdad; mientras habla de democracia y poder popular, criminaliza a las organizaciones sociales; mientras se dice de izquierda, no intenta cambiar el sistema capitalista.

Ecuador no ha salido de la espiral de la dependencia ni ha superado la explotación y dominación capitalista, pero los pueblos indígenas, los trabajadores, los estudiantes, maestros, mujeres, jubilados, ecologistas, etcétera, enarbolan procesos de organización y movilización para defender sus derechos constitucionales. La última gran movilización que recorrió gran parte del país y abarrotó Quito del 2 al 7 de agosto de 2015 llamada “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, articuló a la CONAIE con diversos sindicatos democráticos así como una amplia gama de organizaciones con las siguientes demandas:

El ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y de los territorios indígenas como una manera concreta y legitima de construir la plurinacionalidad; revolución agraria que acabe con el latifundio e impulse la soberanía alimentaria; en defensa del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi; derogatoria del Decreto 16 que destruye la autonomía de las organizaciones sociales; el archivo del proyecto de enmiendas constitucionales; por el libre ingreso a las universidades; derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti obreros 1701, 225 y 813 por atentar contra los derechos de los trabajadores; devolución del Fondo del Magisterio a sus legales y legítimos administradores; obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones jubilares, además del cese de la persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los procesos judiciales en su contra.

La respuesta del gobierno fue una brutal represión y la descalificación, tildándolos de “hacerle el juego a la derecha”, además de comentarios racistas como “indios fracasados”. Sin embargo, se demostró que el movimiento social ecuatoriano está tomando aires nuevos para encabezar una nueva ola de lucha contra el capital, independientemente del disfraz que use.

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