El caso de la Narvarte: una profundización de la represión por motivos políticos

No me dejes sin tus ojos,

ciega. No me dejes sin tu voz, silente. No me dejes sin tu luz, a oscuras. No me dejes sin tu piel, desnuda. No me dejes sin ti, niña de azúcar.

Fragmento del poema “Balada para una niña citadina” de Mirta Robledo, madre de Nadia Vera, marzo, 2011

Como es muy sabido, el pasado viernes 31 de julio, en la colonia Narvarte, fueron ejecutadas cinco personas en un departamento de la calle Luz Saviñón, en el Distrito Federal; dentro de éstas se encontraban Rubén Espinosa y Nadia Vera, conocidos activistas y defensores de derechos humanos, quienes se oponían abiertamente al gobierno en Veracruz del priista Javier Duarte.[1]

Fuente: Noticias MVS

Rubén fue reportero gráfico, colaboró con la revista Proceso, AVC Noticias y la agencia independiente Cuartoscuro; recibió varias amenazas por su trabajo como reportero en el estado de Veracruz y tomó la decisión de autoexiliarse en el Distrito Federal por razones de seguridad. El trabajo de Espinosa había sido ocupado para señalar en múltiples ocasiones a Xavier Duarte de sus nexos corruptos y a su gobierno de violador de derechos humanos; la imagen que más ha circulado en los medios, donde se le ve caminando con una gorra de la Policía Estatal y una mirada agresiva, ocupó el espacio de la portada en la revista Proceso, cuyo titular era “Veracruz: estado sin ley”.

Nadia, por su parte, fue antropóloga y activista de origen chiapaneco, quien denunció en varias ocasiones al gobernador por sus presuntos nexos con el narcotráfico y su implicación dentro de los casos de asesinato de una docena de periodistas durante su mandato. Al igual que Rubén, Nadia también recibió amenazas por su trabajo político en la entidad.

Más allá de hablar del evento llamado “multihomicidio en la Narvarte”, quisiera recuperar algunos hechos anteriores y posteriores que nos hablan de un contexto político negativo para los defensores de derechos humanos y los periodistas, en Veracruz y México, a partir del gobierno de Javier Duarte.

El antes

Durante el gobierno de Xavier Duarte en Veracruz, el estado ha vivido en un contexto alarmante para los periodistas, sumando un total de 13 asesinados de manera previa al caso Narvarte, aunadas a las amenazas que han sufrido decenas de comunicadores y al menos el caso de una desaparición. Además, las muertes de estos 13 periodistas se suman a otras cinco desde 2000 en este estado, que tiene una raigambre priista de al menos ocho décadas.

En mayo de 2012, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, señaló que Veracruz “es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial.”[2] Incluso, en varias ocasiones el gobernador fue señalado por tener vínculos con el crimen organizado, específicamente con miembros del cartel de “los Zetas”; de hecho, Nadia Vera lo acusó públicamente de estos vínculos.

Irónicamente, en julio de este año durante un discurso público, Javier Duarte invitó a periodistas a “portarse bien”, señalando que algunos de ellos estaban involucrados con el crimen organizado, que “todos sabemos quienes andan en malos pasos”; el gobernador hizo esta declaración en un tono amenazante: “…se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí y por mi familia”. Este hecho sentó un precedente al caso, y ha sido una de las razones por las cuales diversas organizaciones sociales han señalado a Javier Duarte como el principal sospechoso de ser autor intelectual del evento.

Es significativo, además, que en los casos de periodistas señalados anteriormente, Javier Duarte y su administración reprodujeron una línea argumentativa ya conocida: señalar que las víctimas habían tenido vínculo con el narcotráfico, cerrando los casos sin que se haya logrado el acceso a la justicia.

El caso

La capital del país ha representado una suerte de “oasis” para los periodistas amenazados en otras entidades, por lo que Rubén Espinoza se exilió en esta ciudad unas semanas previas al atentado. De hecho, Artículo 19 ha señalado que son más de una veintena los periodistas que se han refugiado en el Distrito Federal.

Rubén Espinoza

Fuente: Animal Político

Sin embargo, a pesar de haber huido del centro de su trabajo periodístico, Rubén sufrió amenazas en la misma capital del país, por lo que se vio obligado a denunciar el acoso ante organizaciones sociales y espacios de medios independientes, como el Canal Rompeviento TV.

Lamentablemente, a pesar del apoyo de organizaciones sociales y la denuncia pública del caso, el viernes 31 de julio, Rubén fue asesinado junto con Nadia Vera y otras tres mujeres en la colonia Narvarte. Es un hecho sin precedentes, y diversas organizaciones sociales se han comunicado la preocupación que se tiene ante el caso y la impunidad con la que han actuado las autoridades de, al menos, las dos entidades involucradas y el Gobierno Federal. [3]

El después

A pesar de que, por contexto, se puede deducir un probable móvil para señalar a Xavier Duarte como presunto autor intelectual, fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la que atrajo el caso, y no la Procuraduría General de la República, como se hubiera esperado. El hecho no sólo implica una omisión o incapacidad de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia, sino una posible complicidad entre las autoridades del Distrito Federal, del estado de Veracruz y federales, pues solapan la evasión de la posible responsabilidad del gobernador Javier Duarte, disminuyen la gravedad de los hechos y promueven la corrupción y la impunidad.

Además, los pronunciamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son bastante endebles ante los hechos, pues sólo hacen el llamado a la PGJDF para que investigue de manera eficiente, y no hacen el llamado a las autoridades federales para que atraigan el caso. Es importante recalcar que, al existir el probable móvil de una ejecución extrajudicial –que un funcionario o autoridad ejecute o dé la orden para que se ejecute a otra persona–, corresponde a las autoridades federales la responsabilidad de la investigación. Sin embargo, ninguna autoridad, institución o funcionario público ha manifestado esta exigencia.

Infografía elaborada por Deyanira Morales, del área Multimedia en Contratiempo MX

Los puntos que se señalan aquí no sólo están enfocados en describir el caso de la colonia Narvarte. Se trata de explicar parcialmente una condición negativa para los periodistas y defensores de los derechos humanos en la actualidad: el nivel de complicidad entre diversas autoridades es alto y se corre el riesgo de profundizar la impunidad y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Además, aumentan las posibilidades de represión política contra los activistas en general, ya que, de ser culpable Javier Duarte, habría asumido un costo político muy alto al decidir ejecutar a Rubén, Nadia y a sus acompañantes, a pesar de que el caso estaba siendo acompañado por organizaciones nacionales e internacionales, tenía impacto mediático significativo y fue en otra entidad política.

Fuente: Animal Político

[1] Las otras tres víctimas eran Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra.

[2] “15 reporteros asesinados en Veracruz desde 2000; 10 con Javier Duarte”, en Animal Político, 11 de febrero de 2014. http://www.animalpolitico.com/2014/02/15-periodistas-asesinados-en-veracruz-desde-2000-10-con-javier-duarte-interactivo/ consultado el 13 de agosto de 2015

[3] “Colectivos de periodistas y organizaciones de derechos humanos exigen a Arely Gómez, titular de la PGR y a Ricardo Nájera, nuevo titular de la FEADLE”, Red TDT, en http://redtdt.org.mx/?p=3744, consultado el 13 de agosto de 2015.

@pedrocosmonauta

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