Con el sello de impunidad

Por: José Mendiola.

Las imágenes sobre los acontecimientos de Iguala en Guerrero y de Tlatlaya en el estado de México, acentúan la crisis que en materia de derechos humanos aqueja a nuestro país.

Sin duda ningún tipo de violación a los derechos humanos es tolerable, pero la situación nacional vislumbra la cotidianidad de la práctica de delitos de lesa humanidad, en estos casos de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada de personas.

De poco sirven las leyes si estas no son aplicadas adecuadamente, en este sentido recientemente fue reformado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, permitiendo acotar el fuero militar para que sean tribunales civiles los que juzguen a soldados que cometan delitos del fuero civil. Dicha reforma no resta poder real a las fuerzas armadas, que siguen gozando de un velo de impunidad, ya que en la práctica no existen garantías para la protección de los derechos humanos.

En el caso suscitado de Tlatlaya, existen evidencias de que las fuerzas armadas ejecutaron a civiles, presuntamente armados y que después de un breve enfrentamiento depusieron las armas. La respuesta de las autoridades militares ha derivado en la detención de de 13 militares hasta este momento. Ante esto un sector militar muestra su descontento bajo la consigna #YoSoy26.

Es preocupante que existan este tipo de situaciones, el respeto a los derechos humanos es la base de una concordancia democrática de las relaciones civil-militares, de no existir una investigación adecuada y castigo a responsables materiales e intelectuales, y ante la perspectiva de que existe una antipatía por el respeto de los derechos humanos en las bases del ejército, este hecho no solo se sumara a una amplia lista de hechos perpetrados por las fuerzas armadas, sino que contribuirá a fortalecer el clima de impunidad que esta crisis nacional.

Muestra de esta realidad son las cifras dadas a conocer por Amnistía Internacional España, en el documento “Actitudes respecto a la tortura” el cual identifica que sí bien en el caso mexicano 64% de la población tiene miedo de sufrir tortura, aún un 29% considera que su uso podría justificarse para obtener información.

La consolidación de un Estado democrático, no sólo depende del desarrollo institucional, se complementa con una cultura democrática, que se visualice a la tortura como una práctica aceptable en interrogatorios es un claro bache en el proceso de consolidación del proyecto democrático.

#política #derechoshumanos #tlatlaya