En riesgo libertad de expresión

Es importante señalar que la libertad de expresión es un derecho sólido, con antecedentes históricos relevantes.

Enrique Alcaraz

De forma reciente un sector de la clase política de este país presentó un par de propuestas legislativas (locales y federales), que de aprobarse representarían un gran riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, así como un retroceso en materia de derechos humanos.

Las leyes para “regular las protestas sociales” y las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, son violatorias a nuestros derechos constitucionales; también transgreden tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.

Es importante señalar que la libertad de expresión es un derecho sólido, con antecedentes históricos relevantes. En las tres constituciones por las que se ha regido nuestro país se señalan artículos que protegen este derecho. La actual constitución reconoce en su artículo 6to que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. En el ámbito internacional este derecho es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en otros documentos con los que nuestro país se ha comprometido.

Para los regímenes políticos que se asumen como democráticos, el derecho a la libertad de expresión es fundamental, ya que garantiza la pluralidad de ideas. Históricamente se ha demostrado que los gobiernos autoritarios, dictatoriales y totalitarios toman acciones directas en contra de la libre expresión, bajo la idea de que si no existen voces disonantes es más fácil la manipulación de las personas.

Cabría preguntarnos qué tan democrático es nuestro país en estos momentos de su acontecer político. A continuación se abordaré dos problemáticas que actualmente atentan contra la libertad de expresión.

El pasado 14 de julio el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones luego de ser aprobada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Las implicaciones negativas de esta ley fueron enunciadas por los legisladores perredistas y una parte importante de la bancada panista. Desde la sociedad civil surgieron fuertes críticas a las leyes secundarias que se "desviaron" del proyecto original de la Ley Telecom.

La llamada Ley Peña-Televisa, tiene mucha tela de donde cortar. Acá se abordarán tres aspectos que atentan contra los derechos humanos de las personas.

La concentración de las telecomunicaciones en pocas empresas.Quizá este fue el punto más álgido en las discusiones que se presentaron en torno a las leyes secundarias. Desde que los tres grandes partidos políticos (PRI, PRD y PAN) firmaron de forma conjunta el Pacto por México, sus líderes se comprometieron a impulsar una ley que garantizaría la “democratización de los medios de comunicación”.

El documento original de la esta ley planteó la necesidad de confrontar los monopolios, para ello se apoyaría del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco). Sin embargo para las leyes secundarias presentadas por el ejecutivo limita a estos dos organismos para hacer dictámenes sólo a partir de la preponderancia por sector y no por servicio, es decir, a Televisa y T.V. Azteca sólo se les podrá sancionar en el momento en que acumulen más del 50% del mercado de televisión abierta, privada y radiodifusión de forma conjunta, y no su preponderancia por servicio donde por ejemplo televisa explota más del 50% del espectro público del país y podría ser sancionada . Al no haber una real competencia, los contenidos se vuelven homogéneos y se violenta el derecho humano a la información, además de que se hace casi imposible acceder a una concesión pues los requisitos son casi imposibles de cubrir.

La censura y la obtención de datos por parte del Estado.Las leyes secundarias pretenden incluir un artículo (el 190) donde se permite laretención de datos de las usuarias y usuarios de telecomunicaciones por 12 meses, estos datos podrán ser requeridos por algunas instancias gubernamentales si así lo requieren, y los concesionarios de los servicios deberán entregarlos. Por otro lado en la fracción VII de este mismo artículo se plantea la suspensión (bloqueo, inhibición o anulación)temporal de las señales de telecomunicaciones, cuando se requiera por cuestiones de seguridad pública o nacional, también podrá ser por solicitud de las autoridades competente que así lo requieran.

Dentro de este mismo artículo en la fracción I, se plantea la colaboración entre empresas de telecomunicaciones e instancias de seguridad, procuración y administración de justicia para localizar geográficamente, en tiempo real, equipos móviles. Estos tres principios atentan de forma directa a la libertad de expresión y contribuyen a legitimar la cesura, por otro lado atentan contra el derecho a la protección de datos personales y contra la vida privada de las personas.

No reconocimiento de los medios comunitarios. Un tercer elemento que me resulta preocupante es el poco apoyo que se brindará a los medios públicos y la supervisión por parte del Estado sobre los medios comunitarios e indígenas. Las leyes secundarias contemplan que para obtener una concesión no lucrativa los medios que las organizaciones, pueblos, grupos, colectivos, serán supervisados por el gobierno, además no contarán con la posibilidad de vender espacios publicitarios. Con estas acciones de nueva forma se generar condiciones para que las radios comunitarias e indigenistas se mantengan en la clandestinidad e ilegalidad, donde seguramente serán reprimidas por el gobierno. De nueva forma con estos aspectos las leyes secundarias violentan el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación, discriminan a las comunidades y criminalizan a cualquier radio que no se rija bajo lo que marca esta ley.

Las leyes secundarias son cuestionables no sólo por estos tres aspectos señalados, sino que incluye una serie de desventajas más para las audiencias. Se invisivilizan los derechos de las audiencias, se acota la autonomía del IFETEL, se concede mayor tiempo para la publicidad en los medios de comunicación etc. Por estas razones se puede afirmar que las leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones violan los derechos humanos de las personas.

Por otro lado, de forma reciente se ha podido observar que en algunos congresos locales de las entidades federativas que conforman nuestro país, incluido el Distrito Federa, han discutidos propuestas de leyes que pretenden “regular las protestas sociales”. Bajo los argumentos de que con las manifestaciones callejeras violan el derecho de libre tránsito de las personas, alteran la paz social y producen actos criminales, se ha intentado legislar para poner límites a las protestas.

Las propuestas varían según el Estado, desde anunciar con 48 horas de anticipación sobre alguna protesta, que la protesta no se realice en vías de circulación primarias, que la protesta no corresponda a un tema de coyuntura política trascendental, hasta legalizar el uso de armas de alto calibre para reprimir protestas sociales y hacer uso total de la fuerza del Estado.

El derecho humano a la libertad de expresión cobija a las protestas sociales. En el ámbito internacional recientemente se ha discutido sobre la pertinencia de la protesta social como un derecho humano, existen documentos en los que se le reconoce de esta forma y se invita a los Estados a legislar en favor de este derecho.

Un ejemplo del alcance de éste tipo de legislaciones se presentó en el estado de Puebla. El pasado mes de marzo se aprobó en el congreso local de esta entidad, la denominada Ley Bala, que permitiría el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones. A pesar de que muchas organizaciones nacionales e internacionales se manifestaron en contra de esta ley, el gobernador justificó que no se violentaba el derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no se manifestaran en carreteras o vías primarias que afectaran a otras personas.

La primera consecuencia de esta ley se hizo visible el 9 de julio cuando un grupo de manifestantes se enfrentaron con la policía del estado de Puebla. En el enfrentamiento los policías usaron balas de goma y gases lacrimógeneos, además golpearon de forma desmedida a los manifestantes. Como resulta hubo varias personas lesionadas, incluidas personas menores de edad, también detuvieron a algunos manifestantes. A causa del impacto de una bala de goma, el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo falleció.

Las imágenes violentas que se presentaron en el estado de puebla, se podrían repetir en entidades federativas como Chiapas, Estado de México, QuintanaRoo y el Distrito Federal donde se discuten en los congresos locales, leyes que regulan las manifestaciones. La represión es un acto que atenta contra el derecho humano a la libertad de expresión.

La ciudadanía encuentra en las protestas sociales el espacio para manifestar aquellas ideas que no se presentan en los medios de comunicación u otras plataformas. La protesta social, es pues, un derecho ciudadano que se tiene que defender. Una consigna que se escucha de manera reciente en las manifestaciones dice así “Protestar no es un delito, protestar es un deber, la respuesta del Estado es el abuso del poder”. Parece que tendremos que acostumbrarnos a ver granaderos encapsulando marchas, enfrentamientos, encarcelamientos e incluso asesinatos.

#política #libertaddeexpresión #periodistas